¿Qué reglas deben seguir las adquisiciones gubernamentales?
La apertura y la transparencia son uno de los principios básicos que debe seguir la contratación pública. Es por eso que la contratación pública se denomina "transacción bajo el sol". La contratación pública se financia mediante diversos impuestos pagados por los contribuyentes. Sólo adhiriéndonos a la apertura y la transparencia podremos proporcionar igualdad de condiciones para que los proveedores participen en la contratación pública y crear condiciones para que el público supervise eficazmente el uso de los fondos de contratación pública. La apertura y la transparencia requieren que la información y las acciones sobre adquisiciones gubernamentales no sólo sean completamente divulgadas, sino también completamente transparentes. Es ilegal revelar información pero aun así operar entre bastidores. De acuerdo con el espíritu de esta ley, la apertura y la transparencia requieren la divulgación de las leyes y regulaciones de contratación pública, la información sobre licitaciones, los resultados de las transacciones o adjudicaciones de ofertas, la divulgación de las actividades de apertura de ofertas, la divulgación de los resultados del manejo de quejas o las decisiones judiciales de reducción, de modo que el gobierno las actividades de contratación pueden operar en un estado completamente transparente, sujetas a una supervisión adecuada y exhaustiva.
2. El principio de competencia leal.
El principio de equidad es una regla importante para el funcionamiento de la economía de mercado y un principio básico para la contratación pública. La competencia leal requiere actividades de contratación pública justas bajo la premisa de la competencia. En primer lugar, es necesario introducir un mecanismo de competencia en las actividades de adquisición e implementar la supervivencia del más fuerte, de modo que los compradores puedan obtener bienes, proyectos o servicios baratos y de alta calidad seleccionando los mejores, y mejorar la eficiencia del uso de fondos financieros. En segundo lugar, la competencia debe ser justa y no deben establecerse condiciones injustas que obstaculicen la plena competencia. La competencia leal significa que la competencia en la contratación pública es una competencia ordenada. Todos los proveedores deben recibir un trato justo y ciertos posibles proveedores calificados no deben ser discriminados al participar en actividades de contratación pública. Además, la información sobre adquisiciones debe divulgarse de manera justa en los medios designados por el departamento de supervisión y gestión de adquisiciones gubernamentales. Las disposiciones pertinentes de esta ley promoverán el desarrollo del mercado de contratación pública de mi país hacia una competencia más completa, operaciones más estandarizadas y transacciones más justas. No sólo permitirán a los compradores obtener bienes, proyectos y servicios a precios bajos y garantizados. calidad, pero también beneficio Mejorar la competitividad y las capacidades de autodesarrollo de las empresas.
3. El principio de justicia.
Se establece el principio de equidad para que compradores y proveedores estén en igualdad de condiciones en las actividades de contratación pública. El principio de equidad exige que la contratación pública se realice de conformidad con condiciones y procedimientos previamente acordados, y que todos los proveedores sean tratados por igual sin condiciones o comportamientos discriminatorios. Ninguna unidad o individuo tiene derecho a interferir con el normal desarrollo de las actividades de adquisiciones. Especialmente en las actividades de evaluación de ofertas, los proveedores que ganan ofertas o cierran acuerdos deben ser evaluados estrictamente de acuerdo con estándares unificados de evaluación de ofertas y no debe haber tendencias subjetivas. Para lograr la equidad, esta ley estipula que el comité de evaluación de ofertas y los miembros del equipo relevantes deben tener un cierto número de representantes de todas las partes, y el número debe ser impar, y el personal relevante debe recusarse. También estipula formas y medios para proteger los derechos e intereses legítimos de los proveedores. Estas disposiciones favorecen la realización del principio de justicia.
4. Principio de integridad.
El principio de buena fe es un requisito inherente al desarrollo de una economía de mercado. Es particularmente importante defender este principio durante la transición de la etapa inicial de desarrollo de la economía de mercado a la etapa madura. El principio de buena fe exige que las partes en la contratación pública cumplan con sus derechos y obligaciones de manera honesta y fiel, presten atención a la credibilidad, cumplan sus promesas y no difundan información falsa, engañen, coludan ni oculten, falsifiquen, alteren, oculten o destruyan. Los documentos que deben conservarse de conformidad con la ley y no eludirán las leyes y reglamentos no dañarán los intereses de terceros. Esta ley tiene las disposiciones correspondientes al respecto y las responsabilidades legales que deben asumir después de violar la ley. Adherirse al principio de integridad puede mejorar la confianza pública en el proceso de contratación.